El ‘chequevoto’ de Sánchez pincha en Valencia: nadie paga el bono social térmico de 2020

El ‘chequevoto’ del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez para el pago del Bono Social Térmico, el destinado a ayudar a personas de especial vulnerabilidad a pagar agua caliente o calefacción está en el limbo en territorio valenciano en lo correspondiente a la gestión de 2020 del Gobierno de la Generalitat, que preside el también socialista Ximo Puig. Así, se desprende de la resolución de una queja presentada ante el Defensor del Pueblo valenciano Angel Luna por un ciudadano harto de esperar que fuera reconocido como beneficiario y que se le abonase la ayuda. La investigación del Defensor ha concluido con más sombras que luces. Según se desprende de la resolución, ni siquiera está claro que los fondos para esas ayudas hayan sido transferidos ni a qué organismo autonómico le correspondía pagar esa anualidad.

La queja de un ciudadano valenciano ha puesto de manifiesto el caos existente. Creado en 2018 «para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables» por el uso de la calefacción, el agua caliente o la cocina, corresponde su pago a las comunidad autónomas. Sin embargo, en marzo de 2022, hay personas que no han cobrado ni las cantidades de 2020 ni las de 2021. Y todo ello, en un momento en que la vulnerabilidad ha crecido exponencialmente. Dos fríos inviernos sin percibir ayuda.

El 4 de noviembre de 2021, el Defensor del Pueblo valenciano, una figura institucional que en este territorio recibe el nombre de Síndic de Greuges y que dirige Angel Luna, abrió expediente sobre la queja de un ciudadano que reclamaba el pago de la anualidad del Bono Social Térmico de 2020 y transmitía que sólo un mes después de presentar la queja, en octubre de 2021, había vuelto a solicitar a el pago de la anualidad anterior, sin fortuna.

Apenas 3 días después de recibir la queja, el Defensor se dirigió a la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige Héctor Illueca (Unidas Podemos) para conocer, en su conjunto, la situación de la gestión del Bono Social Térmico. Y, ahí, comienza el lío: la consejería respondió que las competencias para la gestión del Bono así como su interlocución con el Ministerio habían sido asumidas «recientemente» por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE). Todo ello, según consta en la resolución de la citada queja.

El Defensor continuó desentrañando la madeja. Y se dirigió entonces a la Consejería valenciana de Economía Sostenible. Pero la sorpresa llegó con la respuesta. Porque la Consejería que dirige Rafael Climent, si bien sostiene que la gestión y el pago del bono corresponde a las Comunidades Autónomas, matiza que en 2019, excepcionalmente, se hizo cargo de la misma el Ministerio. Agrega que en 2021 lo paga el IVACE, pero en cuanto a 2020 se limita a apuntar que la gestión y el pago ya correspondía a las Comunidades, pero no matiza a qué consejería ni a qué organismo. Sí especifica que para esa anualidad no se designó al IVACE y que los beneficiarios eran los mismos que los del Bono Social de Electricidad en 2019.

La Consejería sí dice al Defensor que recibió el encargo de gestionar el Bono Social Térmico en diciembre de 2021 y que, si bien está recabando datos de esa anualidad, respecto al Bono Social Térmico de 2020 «no se ha realizado ninguna actuación, no se dispone de dato alguno de los beneficiarios». El promotor de la queja, por su parte, insistió en que él era beneficiario del bono social térmico tanto en 2020 como en 2021 y que esperaba que le abonasen las dos anualidades, tras lo cual, el Defensor, emitió sus conclusiones y su resolución.

En esas conclusiones, demoledoras, el Defensor sostiene que «sorprende y es causa de preocupación la falta de asignación de competencias dentro de la Generalitat para asumir la gestión y el pago del Bono Social Térmico de 2020». Afirma que las demoras en la tramitación y resolución de los expedientes de 2020 «agravan la situación de pobreza y exclusión social de las personas beneficiarias», máxime, en el momento actual, en el que «las consecuencias de la emergencia sanitaria y social» provocadas por la pandemia «inciden especialmente en la población más desfavorecida».

En el capitulo de recomendaciones y sugerencias, el Defensor sugiere a la Consejería de Economía Sostenible que asuma la gestión del Bono correspondiente a 2020 si se produjeron las transferencias desde el Ministerio, porque de ser así, «no sería comprensible que, por no actuar con la diligencia debida la propia Generalitat asignando qué departamento autonómico era el competente para la tramitación de las ayudas, se hubieran perdido dichos fondos». Y, si no fue así, le sugiere que inste al Ministerio a resolver con carácter retroactivo la gestión y el pago del Bono Social Térmico de 2020 «a la mayor brevedad posible».